Más de 20 altos funcionarios NO han publicado sus declaraciones de bienes y rentas: ¿Qué están ocultando?
En un giro que ha sacudido los cimientos de la transparencia en Colombia, el congresista Hernán Cadavid ha destapado una olla de grillos que podría tener graves implicaciones para más de 20 altos funcionarios del Estado. ¿La razón? No han publicado sus declaraciones de bienes y rentas, un requisito legal que busca garantizar la transparencia en el manejo de lo público. ¿Qué tienen que esconder? Altos funcionarios NO han publicado sus declaraciones y rentas
¿Qué está pasando?
El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, ha puesto el dedo en la llaga al revelar que más de 26 altos funcionarios, entre ministros, magistrados, embajadores y directores de dependencias, no han cumplido con la Ley 2013 de 2019, que exige la publicación de sus declaraciones de bienes y rentas. Esto no es un simple trámite burocrático: es una herramienta clave para evitar la corrupción y garantizar que quienes manejan los recursos públicos lo hagan con integridad.
Cadavid no se ha quedado de brazos cruzados. Ha pedido una investigación disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue a estos funcionarios, quienes, según él, han incurrido en un “incumplimiento flagrante” de la ley. ¿Será que hay algo más detrás de esta omisión?
Los nombres que están en la mira
La lista de los funcionarios que no han cumplido con la ley es larga y sorprendente. Aquí te dejamos algunos de los nombres más destacados:
- Iván Velásquez, exministro de Defensa: No publicó su declaración de renta de 2023, aunque sí tiene su certificado de ingresos. ¿Qué pasa aquí?
- Gustavo Bolívar, director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS): Su última declaración de renta es de 2022. ¿Por qué no ha actualizado?
- Ángela María Buitrago, ministra de Justicia: Su última declaración publicada es de 2022. ¿Qué ha pasado desde entonces?
- Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación: No publicó su declaración de renta de 2023, pero sí tiene el certificado de ingresos. ¿Algo que ocultar?
- Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP): Su última declaración de renta publicada es de 2020. ¡Tres años de silencio!
Pero eso no es todo. La lista también incluye a embajadores como Sebastián Camilo Guanumen, Hernando Alfonso Prada y Laura Gabriela Gil, así como a magistrados de la JEP como Julieta Lemaitre y Xiomara Cecilia Balanta. ¿Qué está pasando en las altas esferas del poder?
¿Por qué es importante publicar estas declaraciones?
La Ley 2013 de 2019 no es un capricho. Fue creada para garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas claras sobre sus bienes y rentas, especialmente cuando manejan recursos del Estado. La transparencia es la base de la confianza ciudadana, y cuando alguien no cumple con este requisito, surgen preguntas incómodas: ¿Están ocultando algo? ¿Hay conflicto de intereses? ¿Están enriqueciéndose ilícitamente?
Cadavid lo tiene claro: “Se han burlado de la Ley y la Justicia, pero eso no hará que desistamos del deber”, dijo en una publicación en X (antes Twitter). Y es que, en un país donde la corrupción ha sido un mal endémico, estas omisiones no pueden pasar desapercibidas.
¿Quiénes están obligados a publicar sus declaraciones?
Según la ley, deben publicar sus declaraciones de bienes y rentas:
- El presidente de la República.
- Servidores públicos elegidos por voto popular.
- Magistrados de altas cortes, tribunales y jueces.
- Ministros, superintendentes y directores de departamentos.
- Embajadores y cónsules de Colombia en el exterior.
- Directivos de entidades públicas y privadas que manejen recursos del Estado.
Es decir, cualquier persona que tenga un cargo de poder o maneje recursos públicos está obligada a ser transparente. Y si no lo hace, debe enfrentar las consecuencias.
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La solicitud a la Procuraduría
El congresista Cadavid ya ha enviado una solicitud formal al procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, para que investigue a los 26 funcionarios que no han cumplido con la ley. Si se comprueba que han incurrido en una falta disciplinaria, podrían enfrentar sanciones que van desde multas hasta la destitución de sus cargos.
Pero más allá de las sanciones, este caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando que los funcionarios se salten las reglas? En un momento en el que la ciudadanía exige más transparencia y menos corrupción, este escándalo es una llamada de atención para que todos, desde el ciudadano de a pie hasta los más altos mandatarios, exijamos cuentas claras.
¿Y tú qué opinas?
Este caso no es solo un tema de políticos y funcionarios. Es un tema de todos. La transparencia en el manejo de lo público nos afecta directamente, ya sea en la calidad de la educación, la salud o la seguridad. ¿Crees que estos funcionarios deben ser sancionados? ¿O crees que hay algo más detrás de esta omisión? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este artículo para que más personas se enteren de lo que está pasando.
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