Fuerzas Militares despliegan 3.600 efectivos en Chocó para frenar paro armado del ELN
El Chocó vive horas críticas tras el anuncio de un paro armado por parte del ELN, que busca imponer restricciones en la región del Baudó. En respuesta, las Fuerzas Militares han movilizado a 3.600 efectivos para proteger a la población civil y neutralizar las amenazas del grupo insurgente. Fuerzas Militares despliegan 3.600 efectivos en Chocó
Operación militar sin precedentes
La Séptima División del Ejército, la Fuerza Naval del Pacífico y el Comando Aéreo de Combate No. 5 lideran este despliegue, asegurando la libre movilidad en ríos y carreteras. El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, calificó las acciones del ELN como “una muestra de debilidad” frente a la ofensiva estatal y los responsabilizó de cualquier daño a la seguridad de los habitantes.
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Comunidades atrapadas en el conflicto
Jenny Rivas, secretaria del Interior del Chocó, alertó sobre el impacto humanitario: “100.000 personas están en medio de un conflicto que no les pertenece”. Las restricciones del ELN han limitado el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos, generando desesperación e impotencia en las comunidades ribereñas.
El ELN justifica el paro como respuesta a la presencia de grupos paramilitares en el Baudó, a quienes acusa de abusos contra la población, incluyendo agresiones, robos y violencia contra menores. Sin embargo, sus medidas han exacerbado la crisis, recordando el paro de febrero de 2025, que dejó confinamientos masivos y pérdidas económicas.
Últimos incidentes que encienden las alarmas
- 29 de abril: Emboscada del ELN en Pie de Pato (Alto Baudó) contra una lancha del Clan del Golfo: 3 muertos y 3 heridos.
- 26 de abril: Secuestro de Arnold Alexander Rincón, director de Codechocó.
La Defensoría del Pueblo exigió acción inmediata para proteger a los civiles, mientras las autoridades intentan evitar que la violencia escalé.
¿Qué sigue? Mientras el Ejército mantiene su operativo, la población espera que el cese de las intimidaciones permita recuperar la normalidad en una de las zonas más vulnerables de Colombia.
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